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| Familias asentadas allí por varias generaciones tuvieron que vender apresuradamente, a precios irrisorios |
Por: Libardo Muñoz
Desde comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, en Cartagena como en otras ciudades de alguna estructura productiva, empezaron a aplicarse los rigores del llamado "Consenso de Washington", del cual fue punta de lanza el presidente Virgilio Barco.
El "Consenso de Washington" fue el nombre de fachada para una ofensiva del imperialismo estadounidense acompañado por las potencias financieras mundiales, para hacer de Colombia un país sin industrias, un mero aportador de materias primas.
La primera gran arremetida del Consenso de Washington la encabezó César Gaviria Trujillo, con el nombre pintoresco de "El revolcón" y la engañosa "apertura económica", iniciada con una masacre laboral jamás vista en nuestro medio, en la que por oleadas fueron liquidados millares de trabajadores, llamados a "negociar" prestaciones sociales engañosas, al tiempo que se desmontaban empresas de telefonía, acueductos, alcantarillado, metalúrgicas, puertos, hasta crear ejércitos de desocupados con padres de familia y cabezas de hogar convertidos en activistas del rebusque de oficios improvisados para alejar la amenaza del hambre.
Para el caso de Cartagena es preciso recalcar que junto con la liquidación de empresas del Estado, del recorte y la desaparición de prestaciones sociales en beneficio de la oligarquía financiera, se acentuó una apropiación de las mejores tierras del norte especialmente, para construir grandes hoteles, condominios y chalets de precios inimaginables, edificados donde antes vivían nativos, pescadores, artesanos, obreros con sus familias sacadas con el arma invisible del aumento de los impuestos prediales y las tarifas de servicios públicos ya privatizados y entregados a multinacionales españolas.
El llamado centro histórico de Cartagena, con Getsemaní incluido es el patético ejemplo de esta operación inhumana, en la que familias asentadas allí por varias generaciones tuvieron que vender apresuradamente, a precios irrisorios, con el resultado que hoy vemos: una ciudad fantasmal, de la que se adueñaron ricos hacendados conectados con el narcotráfico y el paramilitarismo, financistas y especuladores que pueden pagar séquitos de sirvientes nativos para sus casas cerradas la mayor parte del año, mientras una pequeña élite ligada a la corrupción y el robo de los fondos públicos viene a pasar vacaciones y puentes festivos.
El gobierno Distrital de Cartagena tiene el llamado Plan de Ordenamiento Territorial POT, que por definición es una herramienta técnica para orientar y planificar el uso adecuado de territorio urbano y rural, pero en la realidad el POT es un instrumento de corrupción, usado en favor de los grandes consorcios de la construcción y de la finca raíz para disponer de las mejores tierras para sus enormes proyectos de apartamentos y condominios que adquieren magnates nacionales y extranjeros.
En consecuencia, en Cartagena no existe en la actualidad un proceso concreto de suelo urbano que permita producir lo que se conoce como vivienda social y a los estratos bajos se les deja la cruel alternativa de invadir pantanos rellenos, donde los niveles de pobreza se estiman hoy en 36%.
El problema se concentra en que no se aplican las normas para el desarrollo urbanístico y la incorporación de terrenos a proyectos de vivienda de interés social en condiciones de precios viables.
La autoridad distrital hoy es tan pasiva como antes en gestión de suelo urbano. Ni planeación ni Corvivienda, cuentan con recursos apropiados ni mucho menos con gestión para liderar un proceso de gestión de vivienda para los más necesitados.
En este momento están descubriéndose maniobras dolosas en la Oficina regional de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, desde donde se habría dirigido la apropiación ilegal de tierras que debieron ser destinadas a campesinos y estratos pobres por perjuicios causados en la instalación de torres de energía de la extinguida Corelca.
A los barrios marginados de Cartagena se le agrega el enorme volumen de población desplazada del campo a la ciudad, estimado en 80 mil personas en diez años, por acción del paramilitarismo hoy trasladado al área urbana bajo el nombre de Los Paisas, Los Rastrojos, Los Urabeños, ocasionando otro fenómeno singular de desplazados internos de un barrio a otro.
El índice de homicidios y de atracos en Cartagena es espeluznante, en un cuadro social afectado por los estragos del invierno y por las malas condiciones de terrenos como San Francisco, todo un barrio que derrumbó y donde miles de familias quedaron en la calle y para las que la administración Distrital no ha aportado ninguna solución por incapacidad de gestión.
El resultado a la vista es una Cartagena injusta y excluyente por obra del Estado Neoliberal, sostenido por la burguesía desde los poderes legislativos y la corrupción en gobernaciones y alcaldías.
Tenemos una economía informalizada a extremos nunca imaginados donde reina el sistema del "pagadiario" con sumas aportadas por prestamistas asesinos, un creciente y exasperante mototaxismo y la invasión de espacio público, deserción escolar, salud privatizada que devora los presupuestos de la administración Distrital y Departamental y un sicariato indiscriminado que actúa a la luz del día.
A grandes rasgos esa es la otra Cartagena, que se oculta para mostrar una imagen engañosa, centros de prostitución y envilecimiento de la vida de las personas.
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