En la isla de Barú, sólo votaron 12 personas, las que eran integrantes del jurado de las mesas dispuestas por la Registraduría, el resto 2.300 ciudadanos aptos se abstuvieron en forma pacífica, obedeciendo una consigna de un Consejo Comunitario del lugar.
La isla de Barú pertenece a la jurisdicción de Cartagena, y es la formación Insular más grande de Colombia en el mar Caribe, donde laten problemas sociales resultantes del abandono estatal.
La consigna de no votar en el debate del 25 de mayo pasado era conocida en medios oficiales y por esa razón la llegada de funcionarios con mesas y jurados, estuvo rodeada de un ambiente tenso, pues la Alcaldía mandó un piquete de policía antimotines del ESMAD.
El Consejo Comunitario de Barú permitió la instalación de las mesas pero a prudente distancia varios de sus integrantes se mantuvieron mostrando carteles en los que explicaban el motivo de la protesta. "Barú, sin agua, sin carretera y sin educación no participa en la votación" se leía en un cartel.
En este momento en la isla de Barú, 20 litros de agua potable, llevada en condiciones nada higiénicas, poco recomendables para el consumo humano, le cuestan al nativo 2 mil pesos.
Esa es una de tantas formas en que los baruleros afrontan largos años de marginamiento, mientras ven pasar ante sus ojos la opulencia de un turismo de élites que surca sus aguas en yates de fantasía.
Una medida reciente, de marzo de 2014, tomada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales negó la licencia correspondiente a la intervención de Playetas, vía de acceso que el mar golpea en la isla de Baru y que está a punto de romperse y dejar incomunicada a la población.
Un debate social de mayor calado se vive en Barú por un proyecto turístico que desarrolla una empresa llamada Corplaya en la isla y que compromete 450 hectáreas.
La Dirección General Marítima y Portuaria DIMAR otorgó a Corplaya una concesión sobre esa porción de Barú, pero la población nativa ha resistido varios intentos de desalojo hasta lograr la semana previa a las elecciones presidenciales que el Tribunal Administrativo de Bolívar fallara a favor de los pobladores de la isla.
El fallo judicial ampara el manejo de los recursos naturales, asume la defensa de las especies y garantiza el goce del espacio público y la preservación de los bienes ecológicos de Barú.
La misma sentencia del Tribunal ordena que se Consulte al pueblo de Barú todo lo que tenga que ver con empresas que comprometan la integridad de la isla, de acuerdo con una guía existente para comunidades étnicas.
El Consejo comunitario de Barú afirma que ellos no se oponen al desarrollo y que reclaman es inclusión y nada de atropellos.
Haber logrado ese fallo es un triunfo del pueblo de Barú que había instaurado una acción popular.
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